Siete personas que el lunes pasado habían ingresado violentamente a una casa en Alderetes fueron acusadas de usrupación en una audiencia judicial realizada ayer.

La intrusión ocurrió a las 12.30 del pasado 15 de marzo en una vivienda ubicada en el barrio Los Lapachos, de Alderetes, cuando tocaron el timbre. Al salir, el dueño de casa se encontró con una mujer que le pidió un vaso con agua. Pero cuando el dueño de casa se le acercó, seis hombres ingresaron luego de saltar la tapia de un vecino, empuñando armas de fuego, y abordaron con amenazas a las personas que se encontraban en ese momento dentro de la vivienda, diciéndoles que se fueran.

Una de las víctimas fue golpeada a culatazos y obligada mediante amenazas a abandonar el inmueble junto a su familia, arrojando sus pertenencias a la calle.

Las víctimas alertaron respecto de esta situación a las autoridades policiales. Cuando los uniformados llegaron al domicilio e ingresaron encontraron a los siete intrusos adentro.

En los vehículos en los que se movilizaban, un automóvil y una camioneta, estas personas fueron encontrados dos armas blancas (un cuchillo de grandes dimensiones y una faca) y proyectiles de diferentes calibres.

Ayer el Ministerio Fiscal impulsó la realización de una audiencia multipropósito con el objeto de proceder a la formalización de la investigación, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes II, a cargo del fiscal Ernesto Salas López. El auxiliar de fiscal Diego Hevia formuló la acusación contra los imputados. Contra Julio Gutiérrez, Martín Carrizo y Julio Gramajo se solicitó la prisión preventiva por el plazo de 15 días. En tanto que, en relación con Dolores Hortensia Acevedo (la persona que pidió el vaso de agua), Carlos Santillán, Ramón Antonio Jiménez y Leonel López, se les impusieron medidas de coerción de menor intensidad, bajo promesa de someterse al proceso, fijar domicilio, prohibición de realizar actos que obstaculicen la ley, prohibición de salir sin autorización de la provincia, prestación de caución personal por 50.000 pesos para cada uno y la prohibición de acercarse al domicilio de las víctimas en un radio de 300 metros.